La reforma tributaria de Milei en una encrucijada federal con Jaldo como partícipe fortalecido en la discusión

En el tablero postelectoral de octubre de 2025, la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores adquiere un matiz renovado: Javier Milei, impulsado por un resultado legislativo que superó expectativas –con giros clave en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe–, emerge con mayor músculo para imponer su agenda de reformas de segunda generación. La Libertad Avanza (LLA) podría sumar unos 100 diputados en diciembre, asegurando el tercio necesario en la Cámara baja para vetar iniciativas opositoras o blindar decretos, incluso sin el menguado bloque PRO. No obstante, esta fortaleza no exime de alianzas: para legislar, el Ejecutivo requerirá consensos amplios, particularmente con los mandatarios provinciales, en una ecuación de negociación que resultará indispensable.

Entre ellos, Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán y uno de los pocos del peronismo que cosechó una victoria clara sobre LLA en los comicios del domingo, se erige como interlocutor privilegiado. Su triunfo no solo reafirma su liderazgo local, sino que lo posiciona como estandarte en la discusión tributaria, especialmente ante propuestas que rozan el Impuesto a los Ingresos Brutos –gravamen que el gobierno nacional califica repetidamente como "regresivo, pues afecta a toda la cadena productiva"–. El tucumano insistió en que Tucumán no resignará estos recursos sin una contrapartida por parte de Nación que equilibre los números, al argumentar que son esenciales para sostener servicios básicos en una provincia con demandas crecientes. Milei, durante la campaña, lo tildó de "aliado estratégico" y postuló como "artificios electorales" los cruces discursivos entre ambas administraciones. Pasados los comicios, este vínculo podría traducirse en un diálogo institucional fluido, donde Jaldo medie mejoras federales a cambio de concesiones locales, facilitando un equilibrio que beneficie tanto al ajuste nacional como a la sostenibilidad provincial.

Esta dinámica federal enmarca la reforma impositiva, pilar de las reformas estructurales mileístas, orientada a simplificar el sistema tributario, recortar cargas y estimular la inversión. Sin embargo, muchas de sus aristas implican una merma en la coparticipación provincial o afectan privilegios sectoriales radicados en distritos, lo que obliga al Gobierno a tejer acuerdos con gobernadores para sortear resistencias. La revisión del gasto tributario, por ejemplo, persigue el déficit cero mediante un escrutinio de exenciones y beneficios obsoletos –muchos derivados de lobbies o justificaciones económicas cuestionables–, con el fin de elevar la recaudación en hasta un 2% del PBI. El Paquete Fiscal original incluía un mandato al Ejecutivo para enviar al Congreso un proyecto de supresión de tales distorsiones, pero fue suprimido en el Senado por oposición legislativa. A pesar de esta fricción, la iniciativa busca corregir inequidades acumuladas durante décadas, priorizando un esquema más eficiente y menos asfixiante para la actividad productiva.

Competencia fiscal

Otro eje central es la devolución de autonomía fiscal a las provincias, vía un "Súper IVA" que fracture el tributo actual: la Nación retendría un 9%, mientras las jurisdicciones locales competirían por el remanente, incentivando políticas de atracción de inversiones. Este diseño aspira a desplazar a Ingresos Brutos provincial y, potencialmente, a las tasas municipales –altamente distorsivas por su carácter acumulativo–, fomentando una "competencia fiscal positiva" que eleve la eficiencia local. No obstante, para Jaldo y otros mandatarios, esta transición exige garantías: la eliminación de Ingresos Brutos, que genera remesas vitales para presupuestos provinciales, no se concibe sin compensaciones que preserven la prestación de servicios esenciales.

En paralelo, la reforma aborda el Impuesto a las Ganancias para individuos, con una baja anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, dirigida a trabajadores en relación de dependencia y jubilados. Esto se vincula al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que promueve un Régimen Simplificado de Ganancias como "plan colchón" para los ahorros en dólares. Vigente por decreto y con 13.400 adherentes, carece de respaldo legal pleno al estar estancado en el Congreso, lo que limita su seguridad jurídica. Finalmente, la simplificación global del sistema –donde "de 120 impuestos, solo 10 explican el 90% de la recaudación"– propone derogar 20 gravámenes menores en una etapa inicial, aliviando la carga administrativa y el costo de cumplimiento fiscal.

Se espera que la reforma incorpore estímulos para captar inversiones nacionales y extranjeras, configurando un ecosistema más amigable para los negocios. Mas, su viabilidad depende de un Congreso donde LLA, aunque robustecida, no alcanza mayorías absolutas sin socios. Ahí radica el rol de los gobernadores: no solo como garantes de quórum, sino como árbitros de un federalismo tributario que equilibre el ajuste central con las necesidades periféricas. Con Milei en posición de fuerza, la pulseada con figuras como Jaldo definirá si la simplificación tributaria se consolida como motor de crecimiento o se frena en disputas por la redistribución de los recursos.